Narcotráfico y crimen organizado en Chile: qué tan profundo llega el problema en 2026
Chile pasó de ser considerado uno de los países más seguros de América Latina a ocupar una posición incómoda en los informes de crimen organizado regional. El proceso no fue repentino: fue gradual, y mientras ocurría, las instituciones tardaron en reconocer su magnitud. En 2026, el problema está sobre la mesa con datos que ya no permiten minimizarlo.
Las 23 bandas que operan en el territorio
Un análisis del consultor Pablo Zeballos, ex oficial de inteligencia de Carabineros y experto internacional en crimen organizado, identificó 23 grupos delictuales con presencia activa en Chile. La lista incluye organizaciones de origen venezolano, colombiano, peruano y dominicano, además de bandas locales que operan en coordinación con redes internacionales. El ex Insight Crime, organismo especializado en crimen organizado latinoamericano, describe a Chile como un país que no estaba preparado para este tipo de estructuras y que las bandas extranjeras aprovecharon esa inexperiencia para instalarse con mayor facilidad que en países con mayor experiencia en el fenómeno.
| Organización | Origen | Actividades principales | Presencia en Chile |
| Tren de Aragua | Venezuela | Narcotráfico, explotación sexual, sicariato, secuestros | Norte y Santiago |
| Los del Callao | Perú | Sicariato, extorsión, tráfico de drogas | Macrozona norte |
| Los Trinitarios | República Dominicana | Narcotráfico, tráfico de armas, homicidios | Santiago |
| Los Espartanos | Colombia | Narcotráfico, extorsión | Santiago |
| La Jauría | Local/mixta | Extorsión, violencia selectiva | Santiago y regiones |
El sicariato: de fenómeno ajeno a realidad local
El sicariato —el homicidio por encargo— era hasta hace pocos años algo que los chilenos conocían a través de series de televisión latinoamericanas. Hoy es un problema documentado. El 35% de los homicidios en Chile está vinculado a alguna forma de organización criminal, según cifras citadas por autoridades del Ministerio del Interior. Los secuestros aumentaron un 68% entre 2021 y 2022, y aunque las cifras se han estabilizado, el nivel base es radicalmente más alto que una década atrás.
El Tren de Aragua es la organización que más atención mediática concentra, pero los expertos advierten que puede no ser la más peligrosa. Zeballos advierte que junto a las bandas de alta visibilidad, Chile está expuesto a estructuras más poderosas que operan con baja firma pública, integradas al sistema financiero y logístico del país de forma que resulta más difícil de detectar y desarticular.
La respuesta del gobierno Kast
La creación del Ministerio de Seguridad Pública —una demanda de largo tiempo que el gobierno Boric no implementó— fue uno de los primeros gestos simbólicos del gobierno Kast en materia de seguridad. El titular de la cartera, Martín Arrau, coordina las siete Fuerzas de Tarea especializadas anunciadas en la Cuenta Pública, diseñadas para atacar delitos específicos: sicariato, secuestros, ciberdelito, narcotráfico y violencia en la macrozona sur.
En mayo de 2026, Chile convocó una cumbre regional en Santiago que reunió a cancilleres y autoridades de seguridad de Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú para coordinar acciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional. El canciller Pérez Mackenna lo planteó con claridad: frente a una amenaza que no reconoce fronteras, la respuesta tampoco puede quedarse dentro de las fronteras nacionales. Los acuerdos alcanzados incluyen intercambio de inteligencia, mayor cooperación policial y mecanismos de trazabilidad financiera. La efectividad de esos compromisos se medirá en los próximos meses en los resultados operacionales. Ver más en CIPER Chile.
El fondo del problema
La raíz del crecimiento del crimen organizado en Chile combina varios factores: la llegada de migrantes de países con alta criminalidad organizada que traen sus redes consigo; la existencia de mercados ilegales rentables —principalmente droga— que financian la expansión de las organizaciones; la porosidad fronteriza que facilitó el ingreso de armas; y una institucionalidad policial y judicial que tardó en adaptar sus herramientas al nuevo fenómeno. Resolver ese conjunto de factores no depende de un ministerio ni de un mandato presidencial. Es el trabajo de una generación.